MAP y SIE se comprometen a mejorar las habilidades de los ingenieros eléctricos en el sector público
El Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Superintendencia de Electricidad (SIE) establecieron una alianza para fortalecer la preparación, certificación y regulación de los técnicos y auxiliares electricistas que desempeñan sus funciones dentro de las instituciones del Estado. El acuerdo busca que quienes intervienen en instalaciones, reparaciones, mantenimiento y construcción de sistemas eléctricos cuenten con las competencias necesarias y con las licencias que exige la normativa vigente.
La iniciativa parte de una premisa sencilla, aunque de enorme importancia: cuando se trabaja con electricidad, la improvisación puede salir demasiado cara. Una instalación deficiente no representa solamente un problema técnico o económico; también puede convertirse en una amenaza para la vida de empleados y ciudadanos. Por eso, el convenio procura elevar los niveles de capacitación y garantizar que las labores eléctricas realizadas en las entidades públicas sean ejecutadas por personal debidamente preparado.
Durante la firma del acuerdo, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, resaltó que toda persona encargada de prestar este tipo de servicio debe reunir unas condiciones mínimas que le permitan desarrollar sus funciones de manera adecuada. Explicó que el MAP, como órgano rector de la administración pública, respalda las iniciativas destinadas a capacitar a los servidores estatales y a garantizar que quienes ingresan al sector público para desempeñar funciones técnicas cuenten con el registro y las condiciones profesionales correspondientes.
La posición del ministro coloca la capacitación como una pieza fundamental dentro de la modernización del Estado. Una administración pública eficiente no depende exclusivamente de sistemas digitales, oficinas modernas o nuevos procedimientos. También necesita personas capaces de hacer correctamente aquello que sostiene el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Detrás de cada edificio público iluminado, cada aire acondicionado funcionando y cada sistema eléctrico operativo hay técnicos cuyo trabajo, aunque pocas veces ocupa titulares, resulta indispensable.
El superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, destacó por su parte que el trabajo eléctrico exige conocimientos técnicos, respeto estricto de las normas y, especialmente, condiciones adecuadas de seguridad. Señaló que mediante este convenio se busca avanzar hacia la certificación y el registro de los electricistas que prestan servicios en las instituciones públicas, de modo que estas labores sean realizadas por personal calificado y conforme a los estándares establecidos.
Astacio sostuvo que esta regularización contribuirá a contar con instalaciones eléctricas más seguras, confiables y eficientes dentro de las entidades estatales. El objetivo, por tanto, no es simplemente entregar una licencia y añadir un documento más a un expediente. Se trata de establecer una garantía mínima de competencia profesional allí donde un error puede provocar daños materiales, interrupciones de servicios o accidentes.
El convenio contempla que el personal técnico encargado de intervenir en instalaciones eléctricas de instituciones públicas en todo el territorio nacional pueda obtener la licencia correspondiente, de acuerdo con la Resolución SIE-065-2016-MEMI, que establece el Reglamento para la Expedición y Fiscalización de Licencias para Técnicos Electricistas, además de las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
La regularización abarcará a quienes realizan trabajos de instalación, mantenimiento y construcción de sistemas eléctricos dentro de la administración pública. Con ello se pretende que las instituciones estatales dispongan de personal cuya preparación pueda ser comprobada y cuyo ejercicio profesional esté sujeto a los mecanismos de supervisión correspondientes.
El acuerdo también establece que el MAP y la SIE deberán desarrollar los procedimientos y mecanismos necesarios para fortalecer la formación y regularizar el ejercicio de las labores técnicas relacionadas con la electricidad en el sector público. Esta coordinación permitirá crear un proceso más organizado para capacitar, evaluar, certificar y fiscalizar a los trabajadores que desempeñan estas funciones.
La meta es que los trabajos eléctricos en edificios e infraestructuras estatales se realicen bajo criterios de calidad y seguridad. Esto incluye tanto las nuevas construcciones como las labores de mantenimiento de instalaciones existentes, un aspecto especialmente relevante porque una instalación eléctrica no se vuelve segura para siempre simplemente porque alguna vez haya sido construida correctamente. El deterioro, las modificaciones y el uso continuo obligan a mantener una vigilancia constante.
Otro de los propósitos fundamentales es contribuir a prevenir accidentes relacionados con instalaciones inseguras o con prácticas inadecuadas. Una conexión mal realizada, un sistema sobrecargado o una intervención ejecutada sin los conocimientos necesarios pueden generar consecuencias que van desde daños a equipos hasta incendios o lesiones personales.
Como parte del convenio, los procesos de capacitación serán desarrollados por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) o por otras instituciones educativas y de formación técnica que cuenten con el aval de la Superintendencia de Electricidad. Estas entidades tendrán a su cargo los programas formativos y talleres necesarios para que los participantes puedan cumplir con las condiciones exigidas para obtener la licencia.
El proceso permitirá que los técnicos y auxiliares adquieran o fortalezcan los conocimientos necesarios antes de avanzar hacia la certificación. De esta manera, formación y regulación quedan vinculadas: primero se fortalecen las competencias y luego se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Una vez que los participantes completen la capacitación y satisfagan las condiciones requeridas, la SIE procederá a emitir las licencias correspondientes para los técnicos electricistas de la administración pública. Como incentivo para facilitar la incorporación de los trabajadores al proceso de regularización, la primera licencia será expedida gratuitamente.
Esta gratuidad constituye uno de los elementos más concretos del acuerdo. El trabajador que cumpla con los requisitos no tendrá que asumir el costo de su primera licencia, lo que elimina una posible barrera económica y facilita que más servidores públicos puedan completar el proceso de certificación.
La alianza también contempla oportunidades adicionales de formación mediante programas de becas de la Superintendencia de Electricidad. Los estudiantes y colaboradores vinculados a las áreas técnicas del Estado podrán ser incluidos en estas iniciativas, ampliando las posibilidades de capacitación y actualización profesional.
La colaboración entre ambas instituciones busca, en definitiva, profesionalizar y certificar las competencias de quienes desempeñan labores eléctricas dentro de la administración pública. No se trata solamente de ordenar un registro de técnicos, sino de elevar progresivamente el estándar con el que se realizan estas tareas en las instalaciones estatales.
Entre los beneficios previstos se encuentra precisamente el establecimiento de una cultura de calidad y seguridad. La intención es que los edificios e infraestructuras del Estado cuenten con trabajos eléctricos ejecutados bajo criterios técnicos adecuados, reduciendo los riesgos asociados a instalaciones defectuosas.
El convenio también procura alinear al sector público con las exigencias contenidas en la Ley 125-01 y en la Resolución SIE-065-2016-MEMI, relacionadas con la obligación de que los técnicos y auxiliares electricistas dispongan de la licencia habilitante para ejercer sus funciones.
En ese sentido, la iniciativa combina tres elementos que difícilmente deberían caminar separados: capacitación, regulación y seguridad. Tener conocimientos técnicos sin mecanismos de certificación deja espacios de incertidumbre; regular sin capacitar puede convertir la norma en una simple formalidad; y trabajar sin ninguno de los dos elementos significa confiar demasiado en la suerte.
La alianza entre el MAP y la SIE busca precisamente cerrar esas brechas dentro de la administración pública. Al establecer mecanismos de formación, licenciamiento y fiscalización, ambas instituciones pretenden que los trabajadores que realizan labores eléctricas cuenten con herramientas profesionales y que las entidades estatales puedan tener mayor certeza sobre las competencias del personal encargado de estas tareas.
El acuerdo representa así un paso hacia una administración pública más profesionalizada, donde la calidad del servicio también se mida por la seguridad de la infraestructura que sostiene las operaciones del Estado. Porque modernizar una institución no consiste únicamente en hacer más rápidos sus trámites; también significa asegurarse de que aquello que parece invisible —como una red eléctrica detrás de las paredes— funcione correctamente y no se convierta en un problema cuando nadie lo está mirando.
Con esta cooperación, el MAP y la SIE procuran avanzar hacia un sector público donde la formación técnica, la certificación profesional y el cumplimiento de las normas sean parte habitual de la gestión. La primera licencia gratuita, las oportunidades de becas y los programas de capacitación ofrecen incentivos concretos para que los servidores públicos se incorporen al proceso.
El reto será llevar estos mecanismos a todas las instituciones que los necesitan y convertir la certificación en una práctica permanente. Si ese objetivo se alcanza, el beneficio no quedará únicamente en los técnicos electricistas: llegará a los edificios públicos, a los trabajadores que los ocupan y a los ciudadanos que utilizan diariamente los servicios del Estado.
