Gobierno refuerza la seguridad legal de áreas protegidas con la entrega de los primeros títulos de propiedad de Montaña La Humeadora y Loma Novillero
El Gobierno dominicano dio un paso importante para reforzar la protección jurídica de las áreas protegidas con la entrega al Estado de los primeros seis títulos de propiedad correspondientes al Parque Nacional Montaña La Humeadora y la Reserva Forestal Loma Novillero, una medida que fortalece la condición estatal de estos territorios y aporta mayores garantías para su conservación y manejo ambiental.
La acción fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, y forma parte de un proceso nacional destinado a identificar, sanear, regularizar y titular a favor del Estado los terrenos comprendidos dentro de los límites legalmente establecidos de las áreas protegidas. El propósito va mucho más allá de poner documentos en una carpeta: se busca reducir las posibilidades de ocupaciones ilegales, evitar la fragmentación de ecosistemas y ofrecer al Estado una base jurídica más firme para administrar espacios esenciales del patrimonio natural dominicano.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, ha colocado la protección y el manejo efectivo de las áreas protegidas entre las prioridades de su gestión, bajo una visión que relaciona directamente la conservación de estos territorios con la protección de los recursos naturales, la seguridad hídrica y el bienestar de la población.
En distintas ocasiones, Henríquez ha señalado que las áreas protegidas constituyen una parte esencial del patrimonio natural de la República Dominicana y que su conservación demanda acciones integrales. La delimitación y seguridad jurídica de los terrenos forman parte de ese esfuerzo, porque un ecosistema puede tener una enorme importancia ambiental, pero necesita también instituciones capaces de defenderlo sobre el terreno y en los registros.
La incorporación de los terrenos titulados al patrimonio estatal fortalece precisamente esa capacidad. Al existir mayor certeza sobre la propiedad, se reducen los riesgos derivados de conflictos registrales, ocupaciones o situaciones jurídicas que puedan dificultar la protección de espacios destinados a conservar bosques, fuentes de agua y biodiversidad.
En el caso del Parque Nacional Montaña La Humeadora, la importancia de esta protección adquiere una dimensión especialmente relevante por su función hídrica. De acuerdo con la información presentada durante el acto, en las montañas de esta área, ubicadas en la Cordillera Central, nacen más de 16 ríos y 71 arroyos.
No se trata, por tanto, únicamente de conservar árboles y paisajes. Allí comienza buena parte de una historia mucho más cotidiana: la del agua que llega a hogares, sostiene actividades agrícolas y mantiene vivos distintos ecosistemas. El bosque funciona como una especie de gran esponja natural; recibe, retiene y regula el agua, mientras su deterioro puede repercutir mucho más allá de los límites visibles del área protegida.
La conservación de Montaña La Humeadora adquiere además mayor relevancia frente a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. Mantener protegidas las zonas de nacimiento de los ríos contribuye a fortalecer la capacidad del territorio para enfrentar períodos de sequía, lluvias intensas y otros fenómenos que pueden afectar la disponibilidad y calidad del agua.
La Reserva Forestal Loma Novillero también desempeña una función ambiental significativa. Localizada en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, esta zona contribuye a la regulación hídrica y a la conservación de cuencas que benefician a poblaciones de San Cristóbal, Villa Altagracia y Santo Domingo.
Aquí aparece una de las grandes paradojas de la conservación: los territorios que muchas veces parecen más alejados de las ciudades terminan sosteniendo la vida cotidiana de quienes viven en ellas. El agua no entiende de límites municipales ni de mapas administrativos; nace en un lugar y sus beneficios recorren muchos otros.
Por esa razón, la titulación de estos terrenos representa algo más profundo que un procedimiento registral. Es una herramienta para consolidar la protección ambiental y ofrecer mayor certeza sobre la propiedad de espacios cuya conservación resulta indispensable para preservar fuentes de agua, ecosistemas y servicios ambientales.
El mecanismo pretende convertir lo que podría parecer una tarea dispersa y exclusivamente administrativa en un proceso sistemático. Primero identificar; luego ordenar; después sanear y registrar. Porque incluso la conservación necesita papeles en regla, aunque la naturaleza, por supuesto, jamás los haya pedido.
La iniciativa también permitirá extender el proceso hacia otros territorios de alto valor ecológico. Actualmente se encuentran en trámite los procesos correspondientes a los parques nacionales Los Haitises y Loma Siete Picos, espacios que poseen una importancia reconocida por sus valores ecológicos, hídricos y culturales.
La incorporación progresiva de estos territorios al patrimonio estatal busca fortalecer las herramientas disponibles para su protección y manejo. Con ello, el Estado procura cerrar brechas que durante años pudieron dificultar una administración plenamente efectiva de determinados terrenos comprendidos dentro de áreas protegidas.
La entrega de los primeros seis títulos representa, en ese contexto, el comienzo de un proceso de mayor alcance. No resuelve por sí sola todos los desafíos de conservación, pero proporciona una pieza fundamental para enfrentarlos: seguridad jurídica sobre el territorio.
La protección de las áreas naturales requiere vigilancia, recursos, planificación, capacidad técnica y participación de las comunidades. Pero también necesita claridad sobre quién tiene la responsabilidad de custodiar esos espacios. Cuando esa certeza existe, la conservación deja de depender únicamente de buenas intenciones y adquiere una estructura institucional más sólida.
Con esta acción, el Gobierno dominicano reafirma su intención de avanzar en la protección jurídica de las áreas protegidas y suma la titulación de terrenos a las políticas impulsadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para preservar la biodiversidad, proteger las fuentes de agua y garantizar la integridad de los espacios naturales que forman parte del patrimonio ambiental del país.
En última instancia, titular un bosque no significa convertir la naturaleza en un documento. Significa reconocer jurídicamente que ese territorio pertenece a una responsabilidad colectiva: conservarlo hoy para que mañana siga haciendo aquello que hace silenciosamente desde mucho antes de que existieran oficinas, decretos o registros: sostener la vida.
