Medio Ambiente y el PNUD promueven EcoHarmony RD para reforzar la protección de la biodiversidad

La iniciativa busca ampliar y fortalecer las Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMECs), mejorar la participación y coordinación en materia ambiental y apoyar los esfuerzos de República Dominicana para alcanzar el compromiso internacional de proteger el 30 % de sus ecosistemas terrestres y marinos antes de 2030.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) formalizaron un proyecto denominado EcoHarmony RD: Avanzando las OMECs para la Integración de la Biodiversidad en los Paisajes Dominicanos, concebido como una herramienta para reforzar la protección de la biodiversidad y promover actividades económicas más sostenibles en diferentes territorios del país.

La iniciativa procura avanzar hacia un modelo de desarrollo capaz de combinar la conservación de los recursos naturales con las necesidades económicas y sociales de las comunidades. La idea parte de una realidad cada vez más evidente: proteger la naturaleza no significa necesariamente detener la actividad productiva, sino encontrar formas de producir sin convertir los ecosistemas en una cuenta bancaria que solo permite retiros.

El proyecto cuenta con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y tendrá entre sus principales líneas de acción el reconocimiento, fortalecimiento y manejo adecuado de las denominadas Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas, conocidas como OMECs.

Estas medidas tendrán además un papel importante en los esfuerzos nacionales para contribuir a la meta global 30×30, una iniciativa internacional que plantea lograr la conservación efectiva de al menos el 30 % de las áreas terrestres y marinas del planeta para el año 2030.

El enfoque de las OMECs amplía la manera tradicional de entender la conservación. No todas las zonas que producen beneficios para la biodiversidad tienen que estar clasificadas formalmente como áreas protegidas. Existen territorios que, aunque cumplen otras funciones productivas, sociales, culturales o económicas, pueden ser administrados de manera que también contribuyan a conservar especies, ecosistemas y servicios ambientales.

De acuerdo con la Decisión 14/8 adoptada en 2018 dentro del Convenio sobre la Diversidad Biológica, las OMECs son espacios geográficamente delimitados que no necesariamente tienen la categoría de áreas protegidas, pero que son gobernados y gestionados de manera que generan resultados positivos y duraderos para la conservación de la biodiversidad en su propio entorno.

Además de proteger especies y ecosistemas, estas áreas pueden contribuir a mantener servicios esenciales que ofrece la naturaleza y, cuando corresponda, preservar valores culturales, espirituales, sociales y económicos vinculados con los territorios y las comunidades que los habitan.

El proyecto EcoHarmony RD contempla también el fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza ambiental. Esto implica mejorar la manera en que las instituciones, las comunidades, las organizaciones y otros sectores participan en las decisiones relacionadas con la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.

Otro de los componentes será el desarrollo de capacidades tanto institucionales como comunitarias. La iniciativa busca que quienes participan directamente en la gestión de los territorios dispongan de mayores conocimientos, herramientas y capacidades para enfrentar los desafíos relacionados con la protección de la biodiversidad.

La movilización de recursos financieros será igualmente una pieza importante del proyecto. Mantener acciones de conservación requiere continuidad y planificación, por lo que la iniciativa contempla mecanismos destinados a contribuir a la sostenibilidad económica de las medidas que se implementen.

También se promoverá el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre los diferentes actores involucrados. El propósito es aprovechar las experiencias que ya han demostrado resultados positivos y facilitar que puedan adaptarse y reproducirse en otros territorios donde existan condiciones similares.

Durante la firma del acuerdo, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, y la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, destacaron la importancia de esta iniciativa para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por República Dominicana tanto en el ámbito nacional como internacional.

Ambos resaltaron que el proyecto puede contribuir a las metas relacionadas con la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible, al tiempo que favorece una mayor coordinación entre los diferentes sectores vinculados con la gestión ambiental.

Estos esfuerzos incluirán agencias gubernamentales, organizaciones internacionales, el sector privado, universidades y comunidades. La articulación entre estos actores resulta fundamental porque la conservación de los recursos naturales difícilmente puede sostenerse cuando cada sector trabaja como una isla. Y las islas, por cierto, suelen tener mucho mar alrededor y poca coordinación entre ellas.

La participación comunitaria adquiere especial importancia dentro de este modelo. Las personas que viven en los territorios conocen de primera mano sus recursos, sus necesidades y los cambios que han experimentado los ecosistemas. Incorporar ese conocimiento puede ayudar a diseñar medidas de conservación más realistas y sostenibles.

El proyecto también busca impulsar cadenas de valor que sean compatibles con la conservación de la biodiversidad. Esto supone promover actividades económicas capaces de generar ingresos sin comprometer de manera irreversible los recursos naturales de los que dependen las comunidades.

La iniciativa parte de la necesidad de encontrar un equilibrio entre conservación y desarrollo. República Dominicana posee una diversidad de ecosistemas terrestres y marinos que desempeñan funciones fundamentales para la vida, la economía y el bienestar de la población. Desde los bosques y humedales hasta los arrecifes, manglares y otros ecosistemas costeros, cada espacio forma parte de una red en la que las alteraciones de un componente pueden terminar afectando a los demás.

En ese sentido, las OMECs ofrecen una oportunidad para ampliar los esfuerzos de conservación más allá de las categorías tradicionales. Son, en cierto modo, otra pieza del rompecabezas ambiental: quizá no tengan el mismo nombre ni la misma clasificación que un área protegida, pero pueden cumplir una función decisiva cuando su gestión está orientada a conservar la biodiversidad.

La formalización de EcoHarmony RD tuvo lugar en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), durante el Primer Foro sobre los Océanos. El encuentro reunió a representantes de distintos sectores interesados en impulsar acciones dirigidas a proteger los ecosistemas marinos y terrestres del país.

El foro también sirvió como espacio para discutir la importancia de incorporar la biodiversidad dentro de las políticas y estrategias nacionales de desarrollo sostenible. La conservación dejó así de aparecer como un asunto aislado del resto de las políticas públicas y pasó a plantearse como un componente necesario de la planificación económica, social y territorial.

Con la puesta en marcha de EcoHarmony RD, República Dominicana busca fortalecer las herramientas disponibles para proteger su patrimonio natural y, al mismo tiempo, avanzar hacia formas de desarrollo que puedan resistir mejor los efectos del cambio climático y las presiones sobre los ecosistemas.

La meta 30×30 representa un desafío considerable, pero también una oportunidad para repensar la relación entre territorio, economía y naturaleza. Alcanzarla no dependerá únicamente de declarar nuevas zonas de conservación, sino de garantizar que los espacios identificados sean realmente gestionados, protegidos y sostenidos en el tiempo.

En última instancia, el proyecto plantea una idea sencilla, aunque exigente: conservar la biodiversidad no puede ser una tarea exclusiva de los ambientalistas ni una actividad limitada a los mapas oficiales. Requiere instituciones coordinadas, comunidades involucradas, empresas responsables, conocimiento científico y recursos suficientes.

Porque proteger un ecosistema no consiste solamente en impedir que desaparezca. También significa permitir que continúe prestando los servicios de los que depende la sociedad. La naturaleza no suele enviar facturas, pero cuando sus servicios dejan de funcionar, la cuenta termina llegando de todos modos.