República Dominicana establece estrategia para impulsar la transformación digital de la administración pública
El estudio señala que República Dominicana ha conseguido avances importantes en su proceso de transformación digital, aunque todavía enfrenta retos que deben ser atendidos para lograr un ecosistema tecnológico verdaderamente integrado. El documento propone una ruta de trabajo enfocada en mejorar la interoperabilidad, fortalecer la gobernanza y aumentar la confianza digital como elementos esenciales para construir un Estado moderno y más cercano a la ciudadanía.
República Dominicana dispone de condiciones favorables para acelerar su transformación digital, pero el desafío ahora consiste en conectar las capacidades que ya existen y lograr que funcionen como partes de un mismo sistema. Para ello, resulta necesario avanzar hacia un ecosistema digital articulado, capaz de intercambiar información de manera eficiente, con reglas de gobernanza coherentes y con las personas como centro de las decisiones.
Estos hallazgos son parte del estudio “Análisis de la preparación digital y la implementación digital de la infraestructura gubernamental en la República Dominicana” la iniciativa fue desarrollada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), con la colaboración y el respaldo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El diagnóstico reconoce que el país ha construido importantes componentes que sirven como base para continuar profundizando la transformación digital. Los éxitos identificados incluyen el desarrollo de una infraestructura pública digital (DPI) que garantice la interoperabilidad, la ampliación de la conectividad nacional y la mejora de las herramientas adecuadas con la identidad y la firma digital, además de la expansión del ecosistema de pagos electrónicos.
No obstante, el documento advierte que todavía existen obstáculos estructurales que impiden aprovechar completamente esas capacidades. Uno de ellos es la fragmentación entre instituciones, situación que puede dificultar que los sistemas compartan información y que las soluciones desarrolladas puedan ampliarse de manera eficiente. A esto se suma la falta de suficientes competencias digitales, especialmente dentro del sector público, así como una incorporación todavía insuficiente de tecnologías avanzadas por parte de las empresas.
El análisis también llama la atención sobre los retos relacionados con la protección de los datos personales y la generación de confianza en los entornos digitales. De igual manera, persisten diferencias en el acceso a la tecnología y en las habilidades necesarias para utilizarla, particularmente entre los sectores de la población que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Una transformación digital que deja personas atrás corre el riesgo de ser muy moderna en sus plataformas y bastante antigua en sus desigualdades.
De acuerdo con el estudio, cerrar estas brechas permitiría convertir la infraestructura tecnológica disponible en beneficios más concretos para el país. Entre ellos se encuentran el aumento de la productividad, una mayor capacidad para generar valor público y mejores oportunidades de inclusión social.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, resaltó el trabajo realizado por las instituciones estatales para desarrollar sus propias capacidades e infraestructuras digitales. A su juicio, estos esfuerzos ya han comenzado a reflejarse en una mejora de los servicios que reciben los ciudadanos.
«Hemos sentado las bases, ahora es el momento de fortalecer la estructura. Durante décadas, los países han invertido en carreteras, puertos, aeropuertos y redes energéticas porque entienden que ninguna economía puede crecer sin una infraestructura común. En el siglo XXI, la misma lógica se extiende al ámbito digital”, afirmó Freund.
La representante residente del PNUD, Ana María Díaz, reafirmó la disposición de ese organismo internacional de continuar trabajando junto a República Dominicana en el fortalecimiento y evolución de los servicios públicos. Su planteamiento puso el énfasis en que la tecnología no constituye por sí misma una solución automática para los problemas sociales o institucionales.
Díaz señaló que el verdadero impacto de la tecnología depende de la manera en que los países la integran en sus políticas, instituciones y procesos de toma de decisiones. Desde esta perspectiva, la innovación debe orientarse a generar mayores oportunidades, fortalecer la confianza ciudadana y contribuir a disminuir las brechas sociales. Asimismo, destacó que la transformación digital debe entenderse como parte de una visión integral del desarrollo humano, encaminada a consolidar instituciones más inclusivas, transparentes, eficientes y enfocadas en las necesidades de las personas.
Julio A. Ferreira, vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM), destacó el papel fundamental que desempeña el ámbito universitario en el impulso de la investigación, la generación de conocimiento y la promoción de iniciativas orientadas al desarrollo y la innovación tecnológica. Destacó que las universidades pueden desempeñar un papel relevante en la creación de conocimientos y soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la vida de la ciudadanía.
Otros resultados del análisis
El documento plantea, dentro de este escenario, la conveniencia de avanzar hacia un modelo de administración pública digital en el que las instituciones, los datos, las plataformas tecnológicas y las personas dejen de funcionar como piezas separadas y pasen a formar parte de un sistema coordinado. Para conseguirlo, considera indispensables reglas de gobernanza bien definidas, mecanismos eficaces de coordinación y medidas de protección que permitan garantizar la continuidad y sostenibilidad del ecosistema digital.
En esta arquitectura institucional, el estudio atribuye un papel estratégico al Ministerio de Administración Pública como órgano rector de la administración pública digital. Desde esa responsabilidad, el MAP debe orientar las políticas, normas y lineamientos relacionados con los servicios públicos digitales, la simplificación de procesos administrativos, la innovación dentro del Estado y la gestión de los cambios institucionales.
Esta labor, plantea el análisis, debe desarrollarse de manera coordinada con las estructuras especializadas que tienen responsabilidades en áreas como la implementación tecnológica, la gobernanza de datos, la interoperabilidad de los sistemas y el fortalecimiento de la confianza digital. La transformación, por tanto, no depende de una sola institución ni de una sola plataforma; requiere que diferentes engranajes trabajen en una misma dirección.
El diagnóstico concluye que República Dominicana atraviesa una etapa característica de los países que se encuentran en transición hacia economías cada vez más digitales. En este punto, el desafío principal ya no consiste exclusivamente en adquirir nuevas herramientas tecnológicas. La prioridad está en lograr que las capacidades existentes puedan conectarse, crecer y mantenerse en el tiempo.
Para responder a ese reto, el estudio propone un Plan de Acción con varias líneas prioritarias. Entre ellas figura el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, concebida como uno de los elementos estructurales del Estado digital; el desarrollo de una identidad digital que pueda utilizarse de manera interoperable y universal; y la consolidación de los pagos digitales como parte de la infraestructura pública.
La propuesta también contempla ampliar las competencias digitales tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía. A esto se suma la necesidad de incorporar desde las primeras etapas de diseño de los sistemas aspectos relacionados con la protección de datos personales, la ciberseguridad y las salvaguardas necesarias para preservar la infraestructura pública digital.
El estudio insiste, además, en que modernizar el Estado no significa simplemente trasladar formularios de papel a una pantalla. La transformación digital exige revisar la manera en que se organiza la administración pública, integrar procesos, simplificar la relación con los ciudadanos y utilizar los datos como apoyo para tomar mejores decisiones.
Bajo esta perspectiva, los servicios públicos deben diseñarse pensando en las necesidades reales de las personas. También deben considerar criterios de accesibilidad, facilidad de uso, igualdad de oportunidades, perspectiva de género e inclusión. La tecnología tiene sentido cuando simplifica la vida; si obliga al ciudadano a aprender cinco sistemas distintos para conseguir algo que antes resolvía en una ventanilla, quizá se haya digitalizado el trámite, pero no el problema.
El diagnóstico incluye igualmente un Plan de Acción para las Salvaguardas, en el que se establecen las principales medidas que deberían adoptarse para reforzar la gobernanza, mejorar la interoperabilidad, proteger los datos, elevar los niveles de ciberseguridad y fortalecer la confianza digital.
De manera conjunta, el análisis y este plan plantean una hoja de ruta para continuar construyendo un Estado más coordinado, transparente y eficiente. La meta es que las instituciones puedan ofrecer servicios digitales de mayor calidad y que la ciudadanía tenga más confianza en las herramientas tecnológicas utilizadas por la administración pública.
Voluntad política
En las conclusiones del estudio, presentado por el consultor del PNUD Osvaldo Larancuent, se destaca que los avances alcanzados hasta ahora son una muestra de una voluntad política sostenida y de una mayor incorporación de las tecnologías digitales por parte de las instituciones públicas, las empresas y los ciudadanos.
El documento también considera que República Dominicana ya cuenta con capacidades que pueden servir como punto de partida para llevar las iniciativas existentes hacia modelos más integrados. El siguiente paso, por tanto, no consiste únicamente en seguir acumulando tecnología, sino en lograr que esta funcione de manera coordinada, segura y útil para la población.
El desafío es considerable, pero el país no parte desde cero. Ya existen infraestructura, conectividad, capacidades institucionales y experiencias que pueden ser ampliadas. La tarea ahora es unir esas piezas y convertirlas en un sistema capaz de ofrecer servicios públicos de calidad, reducir brechas y hacer que la transformación digital sea, además de tecnológica, verdaderamente humana.
